Pasteleo constitucional

Recordemos que los ciudadanos elegimos por sufragio universal a los miembros de la Cámara de los Diputados. Por el mismo procedimiento se elige a la mayor parte de los miembros del Senado. Al igual que a los diputados de la Nación, las autonomías eligen directamente a sus representantes parlamentarios.

Las Cortes Generales reciben, discuten y, generalmente, enmiendan el texto del estatuto de autonomía enviado por un Parlamento autonómico, tras su aprobación por éste. Una vez votado el texto final por aquella, se remite al Gobierno autonómico para que sus ciudadanos puedan aprobarlo mediante referéndum.

Hasta aquí parece que el procedimiento es absolutamente democrático, pero ¡ay!, la llave final que cierra todo ese proceso la tiene un grupo de doce miembros del Tribunal Constitucional, miembros que fueron elegidos por cooptación o, digamos que, más bien, por pasteleo. Un tribunal absolutamente desprestigiado tanto por el sectarismo de sus miembros como el de los que los pusieron ahí.; sirva como muestra de lo segundo que cinco – uno más que el tercio de sus miembros- están pendientes de renovación, una renovación que no llega por los nauseabundos intereses partidistas, principalmente los del PP –cuatro de los renovables pertenecían a su cuerda; y como muestra de lo primero, que ninguno de ellos tiene, a sabiendas de que su mandato ha caducado, la suficiente vergüenza como para asumir ese final y dimitir. A este paso tendremos que resignarnos a soportarlos ahí como soportamos al “momia” hasta su tránsito final.

Dado que aparentemente sólo dos de sus miembros son expertos (catedráticos) de Derechos Constitucional -el resto van desde simples letrados a catedráticos de Derecho del Trabajo, de Derecho Mercantil o a magistrados del Supremo- se pregunta uno porque hemos de mantener a este tribunal tan atípico como poderoso y sectario. Recientemente ha surgido una propuesta de algún partido para pedir la supresión de dos ministerios menores. Me pregunto si no sería más rentable para el erario público eliminar órganos tan superfluos o ademocráticos como el Senado, el Constitucional , el Consejo de Estado o la Audiencia Nacional. Y puestos a ahorrar gastos, dado que los que deciden al final son esos doce juriconsultos, por qué no eliminar las Cortes Generales, y que legislen esos doce elementos.

Recordemos que el país que disfruta de la Constitución más antigua, con varias enmiendas añadidas con el paso del tiempo, es el norteamericano, y que cualquier conflictoimportante lo resuelve el Tribunal Supremo; sus primos, los british, ni siquiera tienen una constitución escrita.

Este preámbulo viene motivado por el titular de El País de ayer (24/8/09) que reza asÍ:

“El Constitucional encalla en dos aspectos clave del Estatuto catalán” y debajo:” “La mayoría, contraria al término nación y al deber de conocer la lengua catalana”

Veamos: Si el primer obstáculo es una pura cuestión semántica: la del término “nación”; y el segundo es una cuestión multilingüistica, por qué no resuelve el conflicto la Real Academia de Lengua. Al fin y al cabo también se elige a sus miembros por cooptación “pastelera”, recordemos si no, cuando accedieron al unísono a sus poltronas académicas los periodistas Cebrián y Anson, como si los periodistas tuvieran que ver con la Lengua más que los letristas de boleros.

JGM

¿Justicia indigna?

En los oídos de todos perdura el dictum de aquel castizo alcalde jerezano: “La Justicia es un cachondeo”. En mi opinión, no prima en esta institución un cachondeo generalizado, pero sí destaca la indignidad de algunos de sus dirigentes más distinguidos. Al igual que en la anterior composición de la cúpula, cuando tuvimos que soportar las declaraciones palurdas de aquel máximo juez de jueces, quien, como dije en alguna ocasión, consideraba la ley como única fuente de Derecho y que, quizá, para justificar su acendrado nacionalismo español, pedía leyes únicas para pueblos distintos.

Por quedarnos en los sucesos más recientes, nos parece indigna la actuación del juez valenciano de la Rúa, que no ha negado en ningún momento su íntima, pública y manifiesta amistad con “el Curita”, ese presidente de la CAV que llamaba a “el Bigotes” su amiguito del alma y había asegurado que “lo quería un huevo”. Este juez, desdeñando el principio de imparcialidad que fundamenta la Justicia, procuró, incluso por vericuetos dudosos, que su voto pudiera conseguir la absolución de su elegante amigo, el presidente Camps.

El otro caso que me parece tan indigno como indignante es el del presidente del Tribunal Supremo, un magistrado capaz de anteponer sus irracionales creencias al Derecho, una creación de los hombres para regir la conducta humana en sociedad. Este magistrado, nombrado por el Gobierno a sabiendas de su pensamiento clerical, ha inclinado la balanza en la votación de una ley que puede afectar negativamente a miles y miles de ciudadanos de ambos sexos, simplemente por anteponer unos dioses y vírgenes sobrenaturales a los ciudadanos que le habían otorgado su confianza; es decir, ha sustituido la espada, la balanza y la venda de la diosa Justitia por el crucifijo, el rosario y el escapulario del Jefe del Estado vaticano, que no fue, por cierto, quien le nombró para el cargo.

Naturalmente, no todos los magistrados y jueces son tan conservadores y partidistas, pero lo que llama la atención es el otorgamiento del colectivo con su silencio. Con respecto a la actuación torticera del presidente del TSJPV, la única voz que ha dicho Ich nicht ha sido la de un simple abogado, José Luis Mazón, que ha denunciado ante el CGPJ al magistrado de la Rúa por haber participado activamente en el caso en el que se juzgaba a su “más que amigo” Camps.

Llama la atención ese silencio al compararlo con la reacción de ese colectivo, hace sólo unos meses. Aún recordamos esa protesta masiva que desembocó en la, quizás, primera huelga de jueces del país. Los motivos fueron variados: exigir más computadoras o más personal en los juzgados, protestar por la imprudente manifestación de un miembro del Gobierno sobre la actuación de un juez determinado o, en mi opinión, para desgastar a un Gobierno no coincidente con su ideología, más conservadora. El caso es que allá fue más de la mitad del colectivo. La pregunta que entonces quedó en el aire fue la de que si los jueces pueden hacer huelga, por qué no la Guardia Civil o los militares.

Es opinión generalizada que la Justicia en España es conservadora, es decir, más de derechas que de otro lado. No es este un espacio para consideraciones filosóficas o sociológicas sobre esa preponderancia, pero salta a la vista la diferencia principal con la elección de los miembros de los otros dos poderes del Estado. En estos últimos son los ciudadanos los que eligen, directa o indirectamente, a sus representantes; mientras, los miembros del Poder judicial son elegidos por semi-cooptación., y, sabido es, que la cooptación es un sistema que lleva a la elección de candidatos conservadores, poco innovadores, que anquilosan el sistema.

Esta cooptación pudiera darse ya antes de que los jueces ingresen en la carrera; todos los sufridos opositores saben la vieja amistad y la comunicación existente entre los jueces “preparadores” y los miembros del tribunal, y cómo esos eméritos, algunos , franquistas irredentos, podrían recomendar a sus pupilos por méritos distintos a los de la paciencia, la constancia, el espíritu de sacrificio o la capacidad memorística.

¿Para cuando la propuesta socialista de cambiar el sistema de selección por otro, más humanizado, que muestre los méritos acumulados por los aspirantes?

JGM