Hay que reconocerles que, como Fanton y Cajus en Falstaff, se quitaron las máscaras. Presentaron los estatutos de su nuevo partido diciendo: somos los que somos, pero no lo que fuimos. Incluso, como les critica Gregorio Peces-Barba, su abogado era el defensor habitual de los asesinos de ETA.
Auspiciar que la legalización de Sortu traería consigo el final de ETA es un simple whisful thinking, un juicio de intenciones contrapuesto al de los jueces menos literales, que no confían en esas intenciones de los pretendientes. Y es que lo sucedido en la T-4 marcó seriamente los intentos de redención. Dicen que cuando detuvieron a los causantes de esos estragos y muertes, los guardias civiles les sacudieron la badana, ¡mal hecho!, los que tenían que haberles dado de tortas eran sus colegas que negociaban con el Gobierno.
En cualquier caso, ha habido cierta sorpresa con la sentencia del Tribunal Supremo: han ganado por la mínima los que sostienen el Legis menti magis est attendendum quam verbis . ‘Debe atenderse más al espíritu de la ley que a lo literal de las palabras’. Parece que ha primado en la exigua mayoría la idea la idea de que no se puede ir con la ley en una mano y la pistola en el bolsillo, por si acaso.
Quizá la sentencia facilite la entrada de los “candidatos blancos”, pero claro está, los que más desearían entrar son los que lo han peleado durante tantos años. Así pues, no parece que vayan a contaminar ninguna lista con algún viejo conocido de la policía; aunque lo dará por hecho ese detritus del franquismo cuyas voces llegan desde Estrasburgo. Hay que tener también en cuenta que las luchas más feroces en el seno de los partidos se dan al confeccionar las listas electorales, no parece que los que llevan todo el año trabajando para el partido vayan a dejar la “pole position” a los recién llegados. Les dejarán entrar, si acaso, donde supongan un valor añadido en las listas.
Dicen tener también, un plan C; mejor que expliquen de qué se trata, no vayamos a pensar en lo peor.
Es poco probable que, a pesar de la reñida sentencia del TS, el TC agilice su decisión. No es un órgano de la Justicia, pero parece contagiado de su lentitud. Los tribunales europeos pillan todavía más lejos.
Y ¿qué pasara después?:
Si se pierden las elecciones locales, tienen dos años para seguir siendo buenos chicos y poder meterse en las del Parlamento Vasco; las generales les importan un rábano porque ahí no tienen nada que hacer.
Contar en años puede impacientar a quien desea participar en la vida pública, pero ¿y a los presos que simplemente quisieran participar en la vida común de los ciudadanos?
Puede pecar uno de simplista, pero parece que las dos cuestiones se solucionarían, una de ellas de forma inminente, si los pocos que parecen quedar soltaran las armas de una vez por todas. Amén.
JGM
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