Resulta llamativa en los individuos que se apropian indebidamente del dinero público o del privado su renuencia a devolverlo, a restituirlo al erario público o a sus legítimos propietarios. La mayoría prefiere esconder el botín y disfrutarlo al salir de la prisión: “El Dioni”, Roldán, Mario Conde, “Herr Gurtel” (a este último, Francisco Correa, aunque lleva casi tres años en prisión goza de la debida presunción de inocencia) o Jaume Matas (también presunto, pero fuera de prisión por haber pagado una fianza multimillonaria) son claros ejemplos de esa conducta; sólo recuerdo un caso, el de un político socialista vasco, que devolvió todo lo malversado y gozó, por ello, de ciertos beneficios de la Justicia.
Se celebra estos días en Valencia el ”juicio de los trajes” con Francisco Camps y Ricardo Costa en el banquillo. Dicen que el coste del vestuario del expresidente ascendió a 30.000 euros. Me pregunto qué hubiera ocurrido si cuando saltó el asunto, el “honorable” hubiera dicho “¡Qué cabeza tengo! Ni idea de cómo pa
gué los trajes, o a lo mejor debo algo aún. No importa, la mujer del César ha de parecer siempre honrada. Mi honorabilidad no puede ponerse en entredicho. Ahí van los cheques para las dos tiendas”. Obrar así le hubiera servido, de momento, para evitar en la imputación la exigencia de devolver el dinero; y ¿quién sabe?, a lo mejor también para que su “más que amigo”, el juez de la Rúa, hubiera argumentado su sentencia absolutoria de forma más verosímil. En el peor de los casos, si hubieran aceptado, como hicieron los otros imputados, la petición del fiscal, la cosa hubiera quedado en un delito menor, en una multa, como al que pillan conduciendo bebido. Pero no, en el último minuto, cuando ya iban camino del juzgado a aceptar los cargos decidieron los dos disidentes dar marcha atrás. Y ahí los tenemos, en su tercera semana de un espectáculo delirante para provecho de los periodistas y solaz de sus lectores –puede que las conversaciones de “El Bigotes” escuchadas en el juicio permanezcan muchos años en la memoria de las crónicas judiciales más chuscas.
¿Estarán dispuestos los Gürtel y otros altos cargos del PP a devolver la pastuqui? Nos tememos que no. ¡¿Por qué voy a devolverlo, con el trabajo que me ha costado robarlo?!
Recordemos que Al Capone pasó ocho años en prisión por evadir impuestos.
Más serio parece otro asunto en el candelero, el caso “palma Arena” -con ramificaciones en la Valencia del “Curita”, ¡cómo no!-, ya que afecta a la más alta institución del Estado, a su Jefatura. Se anuncia inminente la imputación del duque de Palma, yerno del Rey, bajo varios delitos de origen pecuniario, agravados por sus intentos de ocultación.
En 2004, don Iñaqui Urgandar
ín funda una empresa y un instituto, ambos sin ánimo de lucro, si bien circulan por ellos cifras millonarias. En ese mismo año adquieren los duques de Palma un palacete en Barcelona, en cuya mejora seguirán invirtiendo dinero hasta el año 2007, en un monto total que se estima en seis millones de euros. Aparte adquieren varios pisos y garajes en Palma de Mallorca.
Dos años después, en 2006, la oposición socialista balear pregunta cortésmente por un capítulo de gastos con alguna irregularidad aparente. El después imputado, el presidente Jaume Matas, negó fehacientemente cualquier anomalía en las partidas cuestionadas.
Alertada la Casa Real, pide al conde de Fontao, notable jurisconsulto y asesor jurídico del Rey, que investigue el asunto. Parece que este asesor no ve muy claro los negocios del duque y le aconseja que disuelva todos esos tinglados y se marche al extranjero con su familia. No obstante, el duque se queda en España de momento y crea otras empresas en connivencia con el profesor de ESADE, Diego Torres. No será hasta 2009 cuando marche con su familia a trabajar en la delegación de Telefónica en EE.UU.
En fin, se trata de una enrevesada trama societaria, con la agravante de una presunta evasión de dinero a paraísos fiscales. Confiemos en que el nuevo Fiscal General del Estado contribuya desde su cargo al esclarecimiento total de la trama.
¿Cómo incide este suceso en nuestro post? Divagemos: Si cuando saltó la liebre sobre una partida irregular, el poderosísimo presidente balear hubiera dicho: “A ver, a ver. Voy a pedirle al asesor que investigue el asunto”. “Pues sí, parece que hay algo que no cuadra. Bueno, mientras se aclara, vamos a pedir al receptor que devuelva los fondos. Después se los reintegraremos si procede. Gracias por su trabajo, ¡ya saben cómo es esta nueva aristocracia!”, o algo por el estilo, probablemente no hubieran aumentado esas ganancias, formalmente “no lucrativas, y el asunto no hubiera pasado de ciertas sospechas.
Desconozco, por supuesto, lo que tras la presentación del informe discutieran el conde de Fontao y el Rey. Cada uno es cada uno, como dice la sentencia popular, pero si este bloguero hubiera sido padre natural o político de los protagonistas de la supuesta trama no les hubiera pedido que tomaran las de Villadiego. Incluso si el presente bloguero hubiera figurado en un puesto significativo en la lista Forbes, hubiera abierto la safe y le hubiera dicho al yerno: “Anda, anda. Dile a los paganos que ha habido algún error contable; algún evento poco satisfactorio que reembolsaremos debidamente; algo como un ahorro sustancial en los gastos…, en fin, tú mismo. Nadie rechaza una devolución voluntaria. Y si las dos partes están de acuerdo, que se fastidie la oposición y gane en las urnas”.
En fin, parece que no cambiado mucho la aristocracia desde los tiempos de Marco Licinio Craso.
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El colofón lo pone nuevamente el Reino de Valencia, una Comunidad que el PP parece haber transformado –bien que con la aquiescencia de la mayoría de sus ciudadanos votantes- en la cueva de Alí Babá.
Se trata del alcalde de Manises, imputado ya como supuesto responsable del saqueo de la empresa pública Emarsa, la entidad que gestionaba la depuradora de aguas residuales del área de Valencia y que fue clausurada con un agujero de 17 millones de euros, que la acusación particular eleva a 40.
Este buen edil apareció exultante en los medios al saberse favorecido con el segundo premio del último sorteo de Navidad –al PP le han correspondido 796 décimos de ese premio. Como diría Rajoy en alguno de sus mejores momentos “La Providencia premia a los que obran bien”-.
Pues bien parece que se le cortaron las risas a este alcalde cuando el juez Vicente Ríos dictó una providencia instándole a declarar toda la lotería premiada que le había correspondido, con la sana intención del magistrado, pensamos, de una presunta reparación de lo presuntamente afanado en Emarsa. Parece que ante la amenaza judicial, el alcalde, Enrique Crespo, optó por “regalar” los décimos premiados; generosidad por la que a la imputación de Emarsa puede sumar ahora otra por alzamiento de bienes.
Julio G Mardomingo
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