¿Por qué, entonces, las inmobiliarias multiplican por cuatro, o incluso por factores más altos, esos precios de la construcción? Bueno, pueden intervenir distintos intermediarios hasta que el comprador final adquiera la vivienda: agentes inmobiliarios, con los consiguientes gastos fijos de sus agencias, de publicidad, comisiones a gestores y vendedores, etc. En la época en la que se los quitaban de las manos, se podía levantar por la mañana el vendedor mayorista de los pisos y subir, de sopetón, los precios un veinte por ciento.
Pero aparte de estas sobrecargas adicionales, la repercusión más importante en el precio final las viviendas es el del terreno sobre el que están construidos. 
¿Qué diferencia hay entre los materiales que forman la vivienda y el terreno sobre el que se apoya? Pues que en el primer caso, son bienes tangibles; digamos que si a un constructor le han sobrado ladrillos, los puede subir a un camión y venderlos en el pueblo de lado, sin pérdidas apreciables, porque su valor intrínseco es el de la mano de obra, la maquinaria y la energía consumida para su fabricación. Hecho que no sucede con el terreno: un trozo de la corteza terrestre que lleva allí desde poco después del Big Bang. Es decir el precio del terreno es algo incierto, especulativo. Puede sufrir enormes variaciones dependiendo de factores tales como las recalificaciones administrativas, las obras públicas que los favorezcan, o las distintas plusvalías que haya acumulado desde su primer propietario al actual,… por no hablar de las comisiones gürtelianas bajo mesa. Hay países, como los británicos, en que suelo y vivienda pueden estar separados: el suelo está alquilado, digamos por cien años, y el propietario de la vivienda paga el alquiler de ese suelo. Este sistema, permite, obviamente, que los ayuntamientos puedan ayudar a los más desfavorecidos y, a la vez, aminorar la especulación del suelo.
¿Qué sucede hoy? Pues que los bancos y las cajas se han convertido en los principales propietarios de viviendas vacías y de suelo urbanizable. ¿Existe una demanda para esas viviendas? Aparentemente sí, pero no a los precios a los que las ofertan. Los bancos adquirieron esas viviendas y terrenos como consecuencia de las garantías sobre prestamos a constructoras o hipotecas que sus suscriptores no podían pagar, amén de otras inversiones especulativas..
¿Por qué, si tienen tal necesidad de liquidez no venden esos pisos de acuerdo con el valor intrínseco de la construcción y la repercusión actual del precio del suelo –mucho más bajo que cuando lo adquirieron? Pues, por un lado porque eso significaría una disminución de sus activos financieros, donde costa el valor de pisos y solares en la cresta de la burbuja. ¿Qué diferencia hay entre los bancos que acaparan pisos y terrenos urbanizables, cuyo valor en el mercado es cuatro veces menor que cuando los adquirieron, y los accionistas que compraron acciones de esos bancos cuando valían cuatro veces más que hoy? Pues que los bancos no están dispuestos a rebajar los precios, entre otras razones porque el Estado les facilita inyecciones de liquidez, que ellos aprovechan no para dar créditos, sino para convertirlos en activos mediante compra de valores seguros, e.g, deuda del Estado, etc.
El agravio comparativo es manifiesto: el ciudadano que compró acciones de esos bancos se puede ver obligado ahora, acuciado por la crisis, a venderlos a lo que dicte el mercado, es decir a precios de papelote, sin que el Estado le subvencione hasta que subael valor de esas acciones; por el contrario, los bancos pueden mantener todas esas propiedades sin grandes quebrantos.
BANCOS y CAJAS
En principio, la diferencia era que las cajas manejan dinero público, mientras que los bancos juegan con “dinero del público”. Una diferencia que tiende a desaparecer por la inyección de dinero a los bancos, aunque sea en la forma de comprarles activos “de calidad“, ¡con la que está cayendo!
Lo de las cajas: indemnizaciones multimillonarias y pensiones que no conseguirían gastar ni instalando una jaima en el casino de Montecarlo. Un saqueo generalizado en el que se lleva la palma la CAM -¡vaya, otra vez en el reino de Valencia, y con los mismos mandamases históricos: Zaplana y Camps
Parece que en el último momento a la exdirectora de la CAM la han pillado con “el carrito del helado”, pero la buena señora está dispuesta a ir a los tribunales para defender lo que dice “le pertenece”.
Al presidente del BBVA le han asignado una pensión de jubilación de 79.7 millones de euros; creo que ha sido él mismo quien ha dicho al respecto, que los contratos hay que respetarlos.
¿Qué hacer?
Nos parece que todos estos hechos son de juzgado de guardia: la señora ex presidenta de la CAM parece dispuesta a ir también a los tribunales.
Pero imaginemos que en los juicios a todos esos saqueadores valencianos les toca el juez De la Rúa, ¡eh!
No, no hay que arriesgarse. Al Estado le asiste la Ley General Tributaria (Ley 55/2003) para fijar, por ley, los tributos que crea necesarios.
Dejémonos, pues, de interminables procesos mientras se embolsan el fruto de sus saqueos. Se precisa una ley que entre a saco en todos esos bonos, pensiones, dividendos. etc. que hayan salido del dinero público o “del público”.
¿Qué tal un 90 por ciento de gravamen, como ocurre en otros países democráticos con las grandes ganancias? No digo más para que no les parezca una confiscación.
Naturalmente esto aplicaría también a ese ex mandatario de la SGAE que reclama más de un millón de euros de indemnización tras su infausta gestión. Es decir, aplicaría a todos los que no reciban su indemnización a tantos días por año trabajado, con un límite fijado.
J G Mardomingo
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