Recordemos que los ciudadanos elegimos por sufragio universal a los miembros de la Cámara de los Diputados. Por el mismo procedimiento se elige a la mayor parte de los miembros del Senado. Al igual que a los diputados de la Nación, las autonomías eligen directamente a sus representantes parlamentarios.
Las Cortes Generales reciben, discuten y, generalmente, enmiendan el texto del estatuto de autonomía enviado por un Parlamento autonómico, tras su aprobación por éste. Una vez votado el texto final por aquella, se remite al Gobierno autonómico para que sus ciudadanos puedan aprobarlo mediante referéndum.
Hasta aquí parece que el procedimiento es absolutamente democrático, pero ¡ay!, la llave final que cierra todo ese proceso la tiene un grupo de doce miembros del Tribunal Constitucional, miembros que fueron elegidos por cooptación o, digamos que, más bien, por pasteleo. Un tribunal absolutamente desprestigiado tanto por el sectarismo de sus miembros como el de los que los pusieron ahí.; sirva como muestra de lo segundo que cinco – uno más que el tercio de sus miembros- están pendientes de renovación, una renovación que no llega por los nauseabundos intereses partidistas, principalmente los del PP –cuatro de los renovables pertenecían a su cuerda; y como muestra de lo primero, que ninguno de ellos tiene, a sabiendas de que su mandato ha caducado, la suficiente vergüenza como para asumir ese final y dimitir. A este paso tendremos que resignarnos a soportarlos ahí como soportamos al “momia” hasta su tránsito final.
Dado que aparentemente sólo dos de sus miembros son expertos (catedráticos) de Derechos Constitucional -el resto van desde simples letrados a catedráticos de Derecho del Trabajo, de Derecho Mercantil o a magistrados del Supremo- se pregunta uno porque hemos de mantener a este tribunal tan atípico como poderoso y sectario. Recientemente ha surgido una propuesta de algún partido para pedir la supresión de dos ministerios menores. Me pregunto si no sería más rentable para el erario público eliminar órganos tan superfluos o ademocráticos como el Senado, el Constitucional , el Consejo de Estado o la Audiencia Nacional. Y puestos a ahorrar gastos, dado que los que deciden al final son esos doce juriconsultos, por qué no eliminar las Cortes Generales, y que legislen esos doce elementos.
Recordemos que el país que disfruta de la Constitución más antigua, con varias enmiendas añadidas con el paso del tiempo, es el norteamericano, y que cualquier conflictoimportante lo resuelve el Tribunal Supremo; sus primos, los british, ni siquiera tienen una constitución escrita.
Este preámbulo viene motivado por el titular de El País de ayer (24/8/09) que reza asÍ:
“El Constitucional encalla en dos aspectos clave del Estatuto catalán” y debajo:” “La mayoría, contraria al término nación y al deber de conocer la lengua catalana”
Veamos: Si el primer obstáculo es una pura cuestión semántica: la del término “nación”; y el segundo es una cuestión multilingüistica, por qué no resuelve el conflicto la Real Academia de Lengua. Al fin y al cabo también se elige a sus miembros por cooptación “pastelera”, recordemos si no, cuando accedieron al unísono a sus poltronas académicas los periodistas Cebrián y Anson, como si los periodistas tuvieran que ver con la Lengua más que los letristas de boleros.
JGM