Ladrillos, bancos, bonos y dividendos

Si un ciudadano tiene un terrenito y quiere que, sobre él, le construyan una vivienda, puede buscarse un constructor autónomo. El coste del metro cuadrado le puede salir entre 600 y 900 euros dependiendo de la calidad de los materiales; es decir, por una casa normal de 100 metros cuadrados puede pagar entre 60.000 y 90.000 euros. Estos costes son más o menos los mismos se construya donde se construya: el precio de los ladrillos, las viguetas, los forjados, los sanitarios, las baldosas, etc. fluctúan poco de un lugar a otro, porque todos ellos tienen precio de mercado, de catálogo. De forma más inmaterial, sucede lo mismo con la mano de obra, incluyendo los honorarios de arquitecto y aparejador, controlados estos por sus respectivos colegios.

¿Por qué, entonces, las inmobiliarias multiplican por cuatro, o incluso por factores más altos, esos precios de la construcción? Bueno, pueden intervenir distintos intermediarios hasta que el comprador final adquiera la vivienda: agentes inmobiliarios, con los consiguientes gastos fijos de sus agencias, de publicidad, comisiones a gestores y vendedores, etc. En la época en la que se los quitaban de las manos, se podía levantar por la mañana el vendedor mayorista de los pisos y subir, de sopetón, los precios un veinte por ciento.

Pero aparte de estas sobrecargas adicionales, la repercusión más importante en el precio final las viviendas es el del terreno sobre el que están construidos.

¿Qué diferencia hay entre los materiales que forman la vivienda y el terreno sobre el que se apoya? Pues que en el primer caso, son bienes tangibles; digamos que si a un constructor le han sobrado ladrillos, los puede subir a un camión y venderlos en el pueblo de lado, sin pérdidas apreciables, porque su valor intrínseco es el de la mano de obra, la maquinaria y la energía consumida para su fabricación. Hecho que no sucede con el terreno: un trozo de la corteza terrestre que lleva allí desde poco después del Big Bang. Es decir el precio del terreno es algo incierto, especulativo. Puede sufrir enormes variaciones dependiendo de factores tales como las recalificaciones administrativas, las obras públicas que los favorezcan, o las distintas plusvalías que haya acumulado desde su primer propietario al actual,… por no hablar de las comisiones gürtelianas bajo mesa. Hay países, como los británicos, en que suelo y vivienda pueden estar separados: el suelo está alquilado, digamos por cien años, y el propietario de la vivienda paga el alquiler de ese suelo. Este sistema, permite, obviamente, que los ayuntamientos puedan ayudar a los más desfavorecidos y, a la vez, aminorar la especulación del suelo.

¿Qué sucede hoy? Pues que los bancos y las cajas se han convertido en los principales propietarios de viviendas vacías y de suelo urbanizable. ¿Existe una demanda para esas viviendas? Aparentemente sí, pero no a los precios a los que las ofertan. Los bancos adquirieron esas viviendas y terrenos como consecuencia de las garantías sobre prestamos a constructoras o hipotecas que sus suscriptores no podían pagar, amén de otras inversiones especulativas..

¿Por qué, si tienen tal necesidad de liquidez no venden esos pisos de acuerdo con el valor intrínseco de la construcción y la repercusión actual del precio del suelo –mucho más bajo que cuando lo adquirieron? Pues, por un lado porque eso significaría una disminución de sus activos financieros, donde costa el valor de pisos y solares en la cresta de la burbuja. ¿Qué diferencia hay entre los bancos que acaparan pisos y terrenos urbanizables, cuyo valor en el mercado es cuatro veces menor que cuando los adquirieron, y los accionistas que compraron acciones de esos bancos cuando valían cuatro veces más que hoy? Pues que los bancos no están dispuestos a rebajar los precios, entre otras razones porque el Estado les facilita inyecciones de liquidez, que ellos aprovechan no para dar créditos, sino para convertirlos en activos mediante compra de valores seguros, e.g, deuda del Estado, etc.

El agravio comparativo es manifiesto: el ciudadano que compró acciones de esos bancos se puede ver obligado ahora, acuciado por la crisis, a venderlos a lo que dicte el mercado, es decir a precios de papelote, sin que el Estado le subvencione hasta que subael valor de esas acciones; por el contrario, los bancos pueden mantener todas esas propiedades sin grandes quebrantos.

BANCOS y CAJAS

En principio, la diferencia era que las cajas manejan dinero público, mientras que los bancos juegan con “dinero del público”. Una diferencia que tiende a desaparecer por la inyección de dinero a los bancos, aunque sea en la forma de comprarles activos “de calidad“, ¡con la que está cayendo!

Lo de las cajas: indemnizaciones multimillonarias y pensiones que no conseguirían gastar ni instalando una jaima en el casino de Montecarlo. Un saqueo generalizado en el que se lleva la palma la CAM -¡vaya, otra vez en el reino de Valencia, y con los mismos mandamases históricos: Zaplana y Camps

Parece que en el último momento a la exdirectora de la CAM la han pillado con “el carrito del helado”, pero la buena señora está dispuesta a ir a los tribunales para defender lo que dice “le pertenece”.

Al presidente del BBVA le han asignado una pensión de jubilación de 79.7 millones de euros; creo que ha sido él mismo quien ha dicho al respecto, que los contratos hay que respetarlos.

¿Qué hacer?

Nos parece que todos estos hechos son de juzgado de guardia: la señora ex presidenta de la CAM parece dispuesta a ir también a los tribunales.

Pero imaginemos que en los juicios a todos esos saqueadores valencianos les toca el juez De la Rúa, ¡eh!

No, no hay que arriesgarse. Al Estado le asiste la Ley General Tributaria (Ley 55/2003) para fijar, por ley, los tributos que crea necesarios.

Dejémonos, pues, de interminables procesos mientras se embolsan el fruto de sus saqueos. Se precisa una ley que entre a saco en todos esos bonos, pensiones, dividendos. etc. que hayan salido del dinero público o “del público”.

¿Qué tal un 90 por ciento de gravamen, como ocurre en otros países democráticos con las grandes ganancias? No digo más para que no les parezca una confiscación.

Naturalmente esto aplicaría también a ese ex mandatario de la SGAE que reclama más de un millón de euros de indemnización tras su infausta gestión. Es decir, aplicaría a todos los que no reciban su indemnización a tantos días por año trabajado, con un límite fijado.

J G Mardomingo

Una semana trascendente: ETA, "c’est fini"

Pues sí, cuatro acontecimientos nos ha deparado la semanita:

1) Mme Sarkozy (née Carla Gilberta Bruni-Tedeschi) ha traído una niña al mundo.

Algunos sostienen que la neonata le puede dar un empujoncito a papi en las próximas elecciones presidenciales francesas. Y es que la Sociología electoral es, casi casi, una ciencia oculta. Véanse si no los últimos resultados del PP y los pronósticos para el insustancial señor Rajoy en las próximas.

2) Los rebeldes libios matan a Gadafi con el apoyo de la OTAN.

Otra muerte anunciada. Una muerte que la ONU va a investigar por si se hubiera tratado, como barruntamos, de una ejecución sumaria, es decir, del linchamiento de un detenido.

Bien hecho por parte del organismo internacional. Para eso está el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La democracia tiene que guardar las formas, de ahí lo de “democracia formal”. Aunque, dicho sea de paso, la Historia suele verter pocas lágrimas por el deceso de tipos como Mussolini o Ben Laden; como tampoco lloró nadie –si acaso algún deudo- a los muertos de la noche de San Valentín. Durante 42 años ha venido masacrando ese beduino (pertenecía a esa etnia) a sus súbditos.

Parece que el panorama de los regímenes políticos medievales avanza su ocaso en África. Queda esperar un pronto tránsito de los octogenarios saudíes, y ¡alé!, las mujeres de Arabia a sacarse el carnet de conducir.

3) Obama anuncia que los soldados norteamericanos abandonarán Irak antes del final de año.

¡Más vale tarde que nunca! Ya sabemos que es un país que nunca debieron invadir; opinión corroborada por los acontecimientos del año presente, que han mostrado cómo los pueblos son capaces de librarse de sus sátrapas, sobre todo cuando estos dejan de estar respaldados por potencias exteriores que se estén aprovechando de sus materias primas.

Confiemos en que ese Derecho universal que citábamos más arriba sirva para juzgar a los dos merluzos* y al cínico catecúmeno inglés que originaron esa gran matanza, que ya ha durado nueve años.

4) ETA deja las armas tras 43 años de violencia y 829 víctimas mortales

El lazo de unión entre esta noticia y la anterior consiste en que se trata de sucesos históricos que nunca debieron producirse. La proclama de esos tres descerebrados carnavalescos ha sido, en general, recibida con júbilo; en muchos casos, con alivio; en otros, con escepticismo.

De los primeros comentarios y opiniones al filo de la noticia, este bloguero se queda con los dos que siguen. El primero lo escribe el profesor Daniel Innerarity (El País, 22/10/2011), quien piensa, como Epicteto, que lo que estremece a los seres humanos no son las acciones sino lo que se dice a propósito de las acciones.

En el segundo, es Manuel Vicent quien “literaliza” esa idea en su artículo de hoy “Los sapos” (El País, 23/10/2011), que comienza con el siguiente párrafo:

“Si el terror de ETA ha cesado definitivamente, en adelante el problema van a ser las palabras, a veces mucho más mortíferas que las pistolas, según cómo se pronuncien, según hacia donde se disparen…”

Se trata, sin duda, de una buena noticia, aunque siempre hubiéramos esperado algo más rotundo, con menos entresijos hermenéuticos. Pero bueno, creemos que puede ser el principio del fin. La democracia se ha mostrado siempre capaz de absorber y difuminar todo lo extraño a ella; así sucedió con el nazismo y el franquismo, y no cabe duda de que volverá a hacerlo con esa fracción criminal con veleidades políticas.

A tenor de lo expuesto en los dos párrafos anteriores, más difícil les resultará a los asesinos librarse de las condenas morales. Puede que muchos sigan jactándose en sus reductos de odio; nos parece tan inevitable como tener que ver cada 20-N a unos repelentes grupos de jóvenes y viejos ensalzando el franquismo desde su trasnochada guardarropía.

No anunciar su disolución es un punto negativo para la banda; primero porque resta convicción al comunicado; en segundo lugar, porque al seguir las leyes antiterroristas vigentes, la policía puede seguir deteniendo, y los jueces juzgando, a los miembros que permanecieran en la clandestinidad. Ello podría suponer un rechazo en la sociedad vasca, con acusaciones de ensañamiento sobre los que huyen.

El asunto de la entrega de las armas es más simbólico que trascendente, pero no creemos que las guarden como una contrapartida negociadora. Muchos depósitos están enterrados y olvidados porque quizá piensen que están controlados por la policía, aunque bien podían decir dónde se encuentran. Por otra parte, los explosivos tienen fecha de caducidad. Y en cuanto al “gran polvorín”, a lo mejor intentan revenderlo, qui lo sá. En cualquier caso, y dado el escepticismo que muestra Francia respecto a su fin, mejor harían diciendo, al menos a los flics, donde las esconden.

En cuanto a esa petición tan aireada, según la cual los terroristas habrían de pedir perdón a sus víctimas o a la sociedad, el tema es más moral que jurídico.

La ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, dicta que la responsabilidad criminal se extingue por el perdón del ofendido cuando la Ley así lo prevea; es decir, sólo en caso de “delitos privados”, no en el caso de delitos “públicos” o “semipúblicos”. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa por el ofendido. O sea que han de ser los ofendidos los que concedan el perdón.

El Código Penal recoge, sí, la figura del arrepentimiento como circunstancia atenuante, pero ha de producirse antes de la sentencia.

En suma, la petición de perdón es un asunto proteico, enraizado en la tradición de las religiones monoteístas (vid. Efesios 4:32, Hebreos 12:14-15; 9:22). Recordemos que la tradición de nuestros políticos es la de no pedir perdón por ninguna de sus tropelías. En todo caso, si un delincuente ha pagado su culpa, pedir perdón es un asunto exclusivo de su conciencia, no está obligado. Además, ¿se imagina alguien a alguno de esos tipos pidiendo perdón?

¿Qué acciones políticas emprender? Por parte del Gobierno, lo aconsejable es no hacer nada hasta después de las elecciones. Alguna patata caliente hay que dejarle al PP, si es que las gana. Después de las elecciones, una vez meditada la intención de la declaración, los temas a tratar por los recién elegidos representantes deberían seguir caminos tales como la derogación de las leyes antiterroristas inspiradas en la banda.

El TC, y si no, la Justicia, tendrán que decidir sobre la legalidad de la “doctrina Parot”, que equivale en muchos casos a una “cadena perpetua”, no contemplada en la Constitución.

Otro tema urgente será la equiparación de los presos por terrorismo con los otros penados, con las consiguientes beneficios a los que decidan acogerse.

Los indultos selectivos quizá deban ser cuidadosamente aplicados; no hay que olvidar a las víctimas y a sus organizaciones.

En fin, que la semana ha tenido recién nacidos, muertos y esperanzas.

Julio G Mardomingo

* Utilizamos la terminología jurídica del juez Del Olmo.