
Es
creciente la demanda de los docentes y de los ciudadanos en general de una
escuela pública, laica, de calidad. Así podrían los religiosos gozar de más
tiempo para sus plegarias. En cuanto a los profesores de religión (católica),
pensamos que los debería pagar el Vaticano para los que estén interesados.
Naturalmente,
es de todo punto razonable que la casta clerical pague IVA por todos sus
negocios, así como el IBI por todas sus posesiones, muchas de ellas rapiñadas
al amparo de una ley de aquel Aznar de mala memoria.
O sea, que los creyentes de cualquier religión paguen a sus
oficiantes, al igual que otros pagan a sus psiconálistas o a sus cartomantes.
Diputaciones
provinciales


Más ahorro:
Telefónica
ha renovado el contrato laboral a Iñaki Urdangarín. El duque de Palma, delegado
de la multinacional en EEUU, recibirá 1,5 millones anuales más otros 1,2
millones en retribución en especie y, si es despedido, percibirá un finiquito
de 4,5 millones, según informó el pasado lunes (16/7/12) El Mundo.
Bueno, dado
que, aparte de botar una pelota, la única habilidad que ha mostrado ese duque
es la de afanar dinero público, es una afrenta a los accionistas de Telefónica,
a sus trabajadores y a la mayoría de los españoles, que ese caradura se lleve
esa pastucci por la cara.
Si no renuncia
a esa sinecura debería dimitir quien se la ha concedido: Alierta; así como
abdicar quien la respalda, el suegro del presunto chorizo.
Si el
suegro abdica, deberíamos plantearnos decidir la mejor jefatura del Estado. Ya
sabemos los profundos cambios constitucionales que ello implica, pero con un
Jefe del Estado normal nos ahorraríamos los cerca de ocho millones y medio
asignados actualmente a la Casa Real.
Lo anterior
nos lleva a la exigencia del despido de todos los cargos políticos infiltrados
en las grandes empresas, públicas, semipúblicas o privadas.
Si fuera
cierto que al curilla de los trajes
lo ha fichado un hospital público de Tarragona, los responsables deben largarlo
de inmediato. A lo más que se ha acercado en la sanidad ese beau brummel de pacotilla ha sido a la
caja de la farmacia de su mujer.
Está claro
que la protesta más inmediata ha de surgir de los trabajadores de las empresas
donde se producen esos abusos; en primer lugar, porque son los que los conocen
de primera mano y en segundo lugar, porque son los más perjudicados por esos
gandules. La pasta que se da a esos gorrones incide directa o indirectamente en
su masa salarial.
Corren por
la red las cifras de cargos políticos en las Administraciones. Dejando aparte
los diputados y senadores, cuyo número está más o menos estipulado en la Constitución (650 en la Administración Central
y 1.031 en las periféricas) el resto se aproxima al medio millón. En ese monto
total se incluyen alcaldes y concejales, pero muchos de ellos son cargos sin retribución,
si bien otros superan con creces el sueldo del Presidente del Gobierno.
El gasto
principal radica en todos los asesores, coordinadores, consejeros, gestores,
cargos de confianza y todo tipo de enchufados nombrados a dedo.

Según las
cifras que aparecen por la red, la cantidad de pasta de todos estos parásitos
políticos nombrados a dedo superaría la de los funcionarios del Régimen
General.
Difícil nos
parece que Rajoy liquide a esos paniaguados para reducir su déficit; antes
eliminaría el cuerpo de bomberos.
Bankia
Una
iniciativa del 15-M, que da vueltas por la red, es la petición de la
liquidación de Bankia tras una intervención judicial.

Se estima
que desde 2004 sólo entre
remuneraciones, indemnizaciones y préstamos sin interéses a consejeros de la CAM y de Bankia, la cifra
superará con creces los 1.000 millones de euros. Es decir los
altos cargos y los consejeros de las dos entidades entraban a saco en esas
cajas.
También
permitieron recoger las migajas del pastel a una mínima representación de los
partidos de izquierda o de los sindicatos de clase, nombrándolos consejeros;
como si quisieran generalizar la ignominia.
Parece que sólo en
2011, la directiva de Bankia cobró 32 millones, de los cuales 11 fueron para el trío dirigente
y de ellos más de 5
para Rodrigo Rato, al que ahora indemnizarían, encima, con 1,2 millones
(parece que Rato ha renunciado recientemente a esa indemnización); una
fortuna a la que hay que añadir comisiones, “bonus” y aportaciones millonarias
a fondos de pensiones.
No parece la petición del 15-M la primera sobre la posibilidad de dejar caer la banca ruinosa. Ya el comisario económico europeo Joaquín Almunia –el discreto perdedor de 1996- insinúo esa posibilidad, junto con otras que al final han resultado muy convincentes. Naturalmente y por venir de donde venía, la panda de ignorantes y aventureros del PP que intentan manejar la economía del país se le echaron encima tachándole de alarmista y antipatriota.
El caso es
que Bankia necesitará millones de dinero público aparte de los 4,000 millones
que ya recibió del FROB. Un problema añadido es que cada día se descubre un nuevo
agujero en las cuentas de esa entidad.
Tras la
supuesta liquidación, los primeros en cobrar serían los bancos acreedores franceses y
alemanes.
Se
garantizaría el dinero de los depositantes, pero accionistas, bonistas, etc. perderían
casi todo su inversión.
Los
perdedores podrían esperar tiempos mejores y congelar el conjunto de pisos,
casas de playa, terrenos, oficinas, e incobrables, esperando mejores circunstancias.
Vaya, suponiendo que no se lo lleven todo los acreedores preferentes ¿Acaso
alguien compraría hoy una oficina de Caja Madrid en Tomelloso? Quizá algún
abacero chino.
La
intervención judicial debería traer consigo la exigencia de responsabilidades
penales. En cuanto a las políticas, no parece que el PP sea un partido que
busque aclarar las miserias de los suyos. Menos aún reconocer esas responsabilidades políticas.
¿Qué más
puede suceder? Pues que en la próxima cena de Navidad, alguno se líe a hostias
con el cuñado que le endiñó las preferentes.
Televisiones autonómicas

Ahora el PP
reconoce a través de la ponencia de su senador Alejandro Muñoz Alonso (¿se
tratará de aquel viejo edecán de Fraga en el ministerio de Información y
cinismo?) que el conjunto de las televisiones públicas autonómicas costaron
1.750 millones de euros en el año 2010, "mucho más de lo que supuso el
recorte de las pensiones ese mismo año", de los cuales 1.510 millones
vinieron de subvenciones, lo que ha considerado un "despilfarro" en
época de crisis.
Naturalmente,
el propósito de la ley, que han aprobado gracias a su mayoría absoluta, es el de
regalárselas a sus amigotes para que sigan loando desde ellas sus proezas
políticas.
J. G.
Mardomingo