¿Empecemos a ahorrar por arriba!

  Según el Anuario de la Laicidad en España 2011, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que se presentó en el Ateneo de Madrid a finales de Mayo de 2012, la Iglesia Católica Apostólica Romana recibirá de España este año 11.000 millones de euros, entre subvenciones directas, beneficios fiscales y desgravaciones: 

6.000 millones de euros, 3.500 de ellos para sus centros escolares; 600 millones más para pagar a los profesores de su religión; y sacarán otros 241 millones de la casilla del IRPF.

Es creciente la demanda de los docentes y de los ciudadanos en general de una escuela pública, laica, de calidad. Así podrían los religiosos gozar de más tiempo para sus plegarias. En cuanto a los profesores de religión (católica), pensamos que los debería pagar el Vaticano para los que estén interesados.

Naturalmente, es de todo punto razonable que la casta clerical pague IVA por todos sus negocios, así como el IBI por todas sus posesiones, muchas de ellas rapiñadas al amparo de una ley de aquel Aznar de mala memoria.

O sea, que los creyentes de cualquier religión paguen a sus oficiantes, al igual que otros pagan a sus psiconálistas o a sus cartomantes.

Diputaciones provinciales

Tras perder las elecciones, Rubalcaba sugirió a Rajoy que eliminara las Diputaciones. El ahorro supondría eliminar prácticamente dos mil cargos políticos entre diputados provinciales y cargos de confianza. La respuesta del PP, sarcástica y chulesca, fue que lo pedían ahora porque no gobernaban en ninguna de ellas. En ningún momento se planteó decir que esas instituciones territoriales sirvieran a algún fin. Parece obvio que serían perfectamente absorbibles por las administraciones autonómicas.  

Más ahorro:

Telefónica ha renovado el contrato laboral a Iñaki Urdangarín. El duque de Palma, delegado de la multinacional en EEUU, recibirá 1,5 millones anuales más otros 1,2 millones en retribución en especie y, si es despedido, percibirá un finiquito de 4,5 millones, según informó el pasado lunes (16/7/12) El Mundo.

Bueno, dado que, aparte de botar una pelota, la única habilidad que ha mostrado ese duque es la de afanar dinero público, es una afrenta a los accionistas de Telefónica, a sus trabajadores y a la mayoría de los españoles, que ese caradura se lleve esa pastucci por la cara.

Si no renuncia a esa sinecura debería dimitir quien se la ha concedido: Alierta; así como abdicar quien la respalda, el suegro del presunto chorizo.

Si el suegro abdica, deberíamos plantearnos decidir la mejor jefatura del Estado. Ya sabemos los profundos cambios constitucionales que ello implica, pero con un Jefe del Estado normal nos ahorraríamos los cerca de ocho millones y medio asignados actualmente a la Casa Real.

Lo anterior nos lleva a la exigencia del despido de todos los cargos políticos infiltrados en las grandes empresas, públicas, semipúblicas o privadas.

Si fuera cierto que al curilla de los trajes lo ha fichado un hospital público de Tarragona, los responsables deben largarlo de inmediato. A lo más que se ha acercado en la sanidad ese beau brummel de pacotilla ha sido a la caja de la farmacia de su mujer.

Está claro que la protesta más inmediata ha de surgir de los trabajadores de las empresas donde se producen esos abusos; en primer lugar, porque son los que los conocen de primera mano y en segundo lugar, porque son los más perjudicados por esos gandules. La pasta que se da a esos gorrones incide directa o indirectamente en su masa salarial.

Corren por la red las cifras de cargos políticos en las Administraciones. Dejando aparte los diputados y senadores, cuyo número está más o menos estipulado en la Constitución (650 en la Administración Central y 1.031 en las periféricas) el resto se aproxima al medio millón. En ese monto total se incluyen alcaldes y concejales, pero muchos de ellos son cargos sin retribución, si bien otros superan con creces el sueldo del Presidente del Gobierno.

El gasto principal radica en todos los asesores, coordinadores, consejeros, gestores, cargos de confianza y todo tipo de enchufados nombrados a dedo.

El problema comienza cuando un partido llega al Poder y toda la clientela política que arrastra empieza a preguntar “¿Qué hay de lo mío?”. Es entonces cuando el Gobierno de turno tiene que empezar a repartir las prebendas, creando cargos idiotas o sustituyendo a los no menos idiotas nombrados por el Gobierno anterior. El tejemaneje alcanza también al funcionariado, en cuyo seno empiezan a crearse comisiones, comités, centros coordinadores, órganos reguladores, etc., que maldita la falta que hacen; se trata sólo de promocionar monetariamente a los que esperaban el cambio.     

Según las cifras que aparecen por la red, la cantidad de pasta de todos estos parásitos políticos nombrados a dedo superaría la de los funcionarios del Régimen General.

Difícil nos parece que Rajoy liquide a esos paniaguados para reducir su déficit; antes eliminaría el cuerpo de bomberos.

Bankia 

Una iniciativa del 15-M, que da vueltas por la red, es la petición de la liquidación de Bankia tras una intervención judicial.

Sabemos que Bankia es el engendro resultante de la fusión de Caja Madrid y de Bancaja, junto con otras cajas menores, pero también con sus agujeros negros. Dos feudos económicos, los primeros, del PP en Madrid y Valencia respectivamente. En 1996, tras su victoria electoral, Aznar puso a su compañero de pupitre Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid. El pastel era tan apetitoso que suscitó una dura pelea entre Gallardón y Esperanza Aguirre por su control.

Se estima que  desde 2004 sólo entre remuneraciones, indemnizaciones y préstamos sin interéses a consejeros de la CAM y de Bankia, la cifra superará con creces los 1.000 millones de euros. Es decir los altos cargos y los consejeros de las dos entidades entraban a saco en esas cajas.

También permitieron recoger las migajas del pastel a una mínima representación de los partidos de izquierda o de los sindicatos de clase, nombrándolos consejeros; como si quisieran generalizar la ignominia.   

Parece que sólo en 2011, la directiva de Bankia cobró 32 millones, de los cuales 11 fueron para el trío dirigente y de ellos más de 5 para Rodrigo Rato, al que ahora indemnizarían, encima, con 1,2 millones (parece que Rato ha renunciado recientemente a esa indemnización); una fortuna a la que hay que añadir comisiones, “bonus” y aportaciones millonarias a fondos de pensiones.

No parece la petición del 15-M la primera sobre la posibilidad de dejar caer la banca ruinosa. Ya el comisario económico europeo Joaquín Almunia –el discreto perdedor de 1996- insinúo esa posibilidad, junto con otras que al final han resultado muy convincentes. Naturalmente y por venir de donde venía, la panda de ignorantes y aventureros del PP que intentan manejar la economía del país se le echaron encima tachándole de alarmista y antipatriota.

El caso es que Bankia necesitará millones de dinero público aparte de los 4,000 millones que ya recibió del FROB. Un problema añadido es que cada día se descubre un nuevo agujero en las cuentas de esa entidad.

Tras la supuesta liquidación, los primeros en cobrar serían los bancos acreedores franceses y alemanes.   

Se garantizaría el dinero de los depositantes, pero accionistas, bonistas, etc. perderían casi todo su inversión.

Los perdedores podrían esperar tiempos mejores y congelar el conjunto de pisos, casas de playa, terrenos, oficinas, e incobrables, esperando mejores circunstancias. Vaya, suponiendo que no se lo lleven todo los acreedores preferentes ¿Acaso alguien compraría hoy una oficina de Caja Madrid en Tomelloso? Quizá algún abacero chino.

La intervención judicial debería traer consigo la exigencia de responsabilidades penales. En cuanto a las políticas, no parece que el PP sea un partido que busque aclarar las miserias de los suyos. Menos aún reconocer esas responsabilidades  políticas.

¿Qué más puede suceder? Pues que en la próxima cena de Navidad, alguno se líe a hostias con el cuñado que le endiñó las preferentes.

Televisiones autonómicas

Otra fuente de despilfarro han venido siendo las televisiones autonómicas, en algunos casos, como los de Madrid y Valencia, meros instrumentos goebelsianos para servir los intereses espurios de la señora Aguirre o del curilla Camps.

Ahora el PP reconoce a través de la ponencia de su senador Alejandro Muñoz Alonso (¿se tratará de aquel viejo edecán de Fraga en el ministerio de Información y cinismo?) que el conjunto de las televisiones públicas autonómicas costaron 1.750 millones de euros en el año 2010, "mucho más de lo que supuso el recorte de las pensiones ese mismo año", de los cuales 1.510 millones vinieron de subvenciones, lo que ha considerado un "despilfarro" en época de crisis.

Naturalmente, el propósito de la ley, que han aprobado gracias a su mayoría absoluta, es el de regalárselas a sus amigotes para que sigan loando desde ellas sus proezas políticas.    

J. G. Mardomingo